A pesar de diversos cambios que se han desarrollado en los diferentes escenarios políticos de la región del Sahel Occidental –el proceso de paz que intenta resolver el conflicto armado de Malí; la mejora de la situación política en Burkina Faso con la llegada a la presidencia en 2015 de Roch Marc Christian Kaboré que puso fin a la transición con la caída del autoritario Blaise Compaoré; o el retorno al poder civil en Níger en 2011 tras el golpe de Estado en 2009–, la región afronta en los últimos años y en especial en 2018 un incremento de la violencia política con múltiples ramificaciones y expresiones de violencia intercomunitaria y criminalidad que está poniendo en jaque a los diferentes países y poblaciones de la zona. La militarización de la región, considerada la “nueva frontera de la lucha antiterrorista global”, con el despliegue de iniciativas regionales e internacionales, puede tener graves consecuencias para la población civil y no resolver las cuestiones de fondo que se encuentran entre las raíces de la conflictividad en el área.
Diversos análisis han señalado un incremento de la violencia regional, que en un primer momento se vinculaba a la expansión de las actividades de los grupos armados procedentes de Malí hacia la frontera con Níger y Burkina Faso, y del grupo armado nigeriano Boko Haram hacia Níger (región de Diffa) en el marco de la ampliación de sus actividades en la región del Lago Chad. Posteriormente se han identificado otros focos de inestabilidad alejados de estas zonas y que tendrían agencia propia. En este sentido, el Africa Center for Strategic Studies realizó un estudio en febrero en el que puso de manifiesto el incremento de la violencia en el tiempo, en el marco geográfico y en el número de actores. El número de acciones violentas vinculadas a grupos armados yihadistas se había doblado cada año desde 2016 (90 en 2016, 194 en 2017 y 465 en 2018), así como las víctimas mortales vinculadas a estas acciones (218 en 2016, 529 en 2017 y 1.100 en 2018). Asimismo, los ataques contra la población civil también se multiplicaron, pasando de 18 en 2016, a 39 en 2017 y a 160 en 2018. Aunque Malí continuaba suponiendo el principal foco de la violencia, concentrando el 64% de las acciones perpetradas en el Sahel, el restante 36% respondía a acciones perpetradas en Níger y Burkina Faso. Estas acciones se vinculan a la coalición de grupos conocida como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin), creada en marzo de 2017; al Macina Liberation Front (FLM), que actuó junto al GSIM; y a dos nuevos grupos, Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) y Ansaroul Islam. Los grupos se distribuyeron geográficamente en cuatro grandes escenarios: el JNIM en el centro y norte de Malí; Ansaroul Islam en el área de Djibo, en Burkina Faso; el ISGS se situó en la frontera entre Níger y Malí y en el este de Burkina Faso también se constató la presencia del JNIM y del ISGS. Mientras que en 2012 había cuatro grupos –MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI– operando en Malí, en la actualidad hay más de 10 grupos activos en Malí, Burkina Faso y Níger. La creciente violencia también podría responder a una competencia por el liderazgo en la zona entre ISIS y al-Qaeda, según diversos análisis.
Este incremento de la actividad insurgente ha venido acompañado de la creación de misiones regionales y la presencia de fuerzas extranjeras para hacerles frente. En 2017 se puso en marcha la Fuerza Conjunta Sahel G5 (compuesta por unos 5.000 efectivos de Malí, Chad, Níger, Mauritania y Burkina Faso. También en 2017 se puso en marcha la Joint Task Force (JTF) para la región Liptako-Gourma, compuesta por efectivos de Malí, Burkina Faso y Níger, región que comprende una zona de 370.000 km2 entre los tres países. A estas operaciones cabe añadirle la operación militar francesa Barkhane, compuesta por 4.500 soldados, activa desde 2014 (la operación previa, Serval, iniciada en 2013, centraba sus actividades en Malí). Además de la MINUSMA (ONU), la presencia extranjera se ha ampliado a EEUU, Alemania, Canadá e Italia. En abril, Níger hospedó ejercicios militares de la operación Flintlock, en los que participaron 1.900 soldados de una veintena de países, patrocinado por EEUU. EEUU ya dispone de una presencia militar permanente en todo el Sahel a excepción de Eritrea y Sudán, en el marco de iniciativas de lucha contra el terrorismo desarrolladas por EEUU tras el 11-S en África, bajo mandato del AFRICOM.
Esta importante presencia militar responde, según diversos analistas, a tres razones: la lucha contra el terrorismo, la prevención de migraciones hacia Europa y la protección de los intereses nacionales de las potencias extranjeras. Sus actividades incluyen formación, acciones de contrainsurgencia, también a través del uso de drones, la construcción de bases militares y tareas de inteligencia. Aunque los Gobiernos de la región han favorecido la presencia de las tropas extranjeras en el marco de la lucha contra grupos armados que reivindican agendas yihadistas, es discutible que estas operaciones hayan conseguido su objetivo, vista la expansión de las actividades insurgentes y, por el contrario, podrían estar teniendo un impacto negativo. En Níger, la población local ha empezado a rechazar la presencia de las tropas extranjeras, debido a la militarización de la vida pública y la restricción de libertades, derivando en movilizaciones que han sido sofocadas por los cuerpos de seguridad, incrementando el rechazo hacia el Gobierno, que según diversos analistas también pretendería fortalecer su poder utilizando mecanismos no democráticos. Sectores de la población civil burkinabesa se movilizaron para denunciar el fracaso de la gestión de la situación. Además, tal y como ha señalado el think tank surafricano ISS, la restricción de movimientos (que incluye de camiones y motocicletas) con el fin de interrumpir el tráfico ilícito transfronterizo, o de suministros para los grupos armados, en el marco del estado de emergencia presente en regiones de estos tres países, ha contribuido a la interrupción de actividades comerciales agravando la situación de la economía de la región e incrementando la vulnerabilidad de la población. Ello ha comportado el incremento del precio de los productos, afectando negativamente a los productores que no pueden desplazar sus bienes a los mercados, lo que también ha incrementado el riesgo de inseguridad alimentaria y dificultado el acceso de las organizaciones humanitarias a las zonas afectadas.
A la postre, esta aproximación securitaria podría contribuir a alimentar los agravios en una zona afectada por altos índices de subdesarrollo y cuya marginación política, económica y social se encuentra en las raíces de los conflictos que históricamente han afectado la región. Estas acciones, que no se están mostrando efectivas en la reducción de la violencia, se han desarrollado además sin consultar a las poblaciones locales, según destaca ISS, lo que ha aumentado el rechazo hacia la intervención extranjera, ya que se ven atrapadas entre la acción militar y la insurgencia. En conclusión, la estrategia actual puede ser contraproducente al corto y largo plazo, no contribuye eficazmente a reducir la violencia, no plantea soluciones de fondo a los problemas estructurales que generan la violencia, y puede agravar las consecuencias para la población civil.
Imagen cortesía de «nomdenoia»
*Artículo original sin editar publicado en Escola de Cultura de Pau (2019) Alerta2019! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Editorial Icaria, Barcelona.
