En los últimos meses en varios países de África subsahariana (Ghana, Uganda y Gambia) se han padecido importantes retrocesos en los derechos de las mujeres, las niñas y el colectivo LGTBIQ+. A continuación un breve resumen de lo más destacado.
El 28 de febrero el Parlamento de Ghana aprobó por unanimidad una legislación que intensifica la represión de los derechos de las personas LGBTIQ+ y de quienes promueven identidades sexuales o de género no convencionales en el país. El Proyecto de Ley para la Promoción de los Derechos Sexuales Adecuados y los Valores Familiares fue presentado en agosto de 2021 por un diputado del opositor Congreso Nacional Democrático (NDC). La legislación vigente ya castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con tres años de cárcel, y el nuevo proyecto de ley incluye una pena de prisión de hasta cinco años por la «promoción, patrocinio o apoyo intencional de actividades LGBTQ+». Tras su votación en el parlamento, el proyecto de ley se presentó al presidente Nana Akufo-Addo, quien en sus primeros comentarios sobre la aprobación de la ley afirmó que Ghana no retrocederá en su historial de derechos humanos y añadió que la norma había sido impugnada ante el Tribunal Supremo. La oficina del presidente informó que esperaría el resultado de las impugnaciones legales antes de que la ley llegue a Akufo-Addo para su ratificación. Su promulgación también podría descarrilar la ayuda internacional para el país de 3.800 millones de dólares en financiación del Banco Mundial, así como el paquete de préstamos del FMI de 3.000 millones de dólares, según afirmó el Ministerio de Finanzas. El presidente del Parlamento, Alban Bagbin, notificó a los legisladores que la negativa de la presidencia a recibir el proyecto de ley era inconstitucional y que el Parlamento a su vez bloqueará, hasta que el presidente no ratifique la ley, los procedimientos de aprobación de unos 21 candidatos para puestos ministeriales y viceministeriales.
En Uganda, la ley que afianzaba la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo aprobada por el Parlamento el 21 de marzo de 2023 y ratificada meses después por el presidente Yoweri Museveni, volvió a ser ratificada por el Tribunal Constitucional a principios de abril de 2024, negándose el alto tribunal a revocarla. Activistas ugandesas habían impugnado la ley ante los tribunales, debido a que la norma permite la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. La ley define la “homosexualidad agravada” como casos de relaciones homosexuales con un menor u otras categorías de personas vulnerables, o cuando la persona implicada está infectada con el VIH. La aprobación de la ley había provocado una amplia condena a nivel internacional. El presidente de EEUU, Joe Biden, condenó la medida como una «trágica violación» de los derechos humanos, anunciando restricciones de visado a personas que «socavan el proceso democrático» en Uganda y excluyó al país de la iniciativa comercial africana por violaciones de los derechos humanos. El Banco Mundial congeló nuevos préstamos a Uganda en agosto, provocando que el la moneda local, el shilling ugandés, cayera a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi ocho años. Desde la aprobación de la ley, según ha documentado la ONG ugandesa Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) se habían producido 55 detenciones, tres penas de muerte remitidas al director de la Fiscalía, ocho exámenes anales forzados, 254 desalojos de personas acusadas de ser LGBTI o estar relacionadas con personas LGBTI y otros 202 casos de violencia real o amenaza de violencia.
Por otro lado, el 18 de marzo, el Parlamento de Gambia aprobó en primera fase un proyecto de ley para derogar la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF). Esta medida había sido decretada en 2015 por el entonces presidente Yahya Jammeh, quien introdujo elevadas multas y penas de cárcel para los autores de MGF. Después de debatir el proyecto de ley, los legisladores votaron por 42 a cuatro para enviarlo a un comité parlamentario para su revisión. El comité puede hacer enmiendas al proyecto de ley y se espera que lo envíe de nuevo a la Asamblea Nacional para su votación, un procedimiento de rutina que suele durar al menos tres meses. Si se aprueba el proyecto de ley, Gambia se convertiría en el primer país en revertir la prohibición de la mutilación genital femenina. Múltiples organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado el retroceso que significaría la ley. Amnistía Internacional, UNICEF o UNFPA denunciaron que la mutilación genital femenina atenta contra el derecho de las niñas y las mujeres a la salud y la integridad corporal y que su legalización representaría una violación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, todas las cuales Gambia ha ratificado. También denunciaron que su aprobación violaría el principio de “igual dignidad de la persona” garantizado en la Constitución de Gambia.
Foto de portada: Alisdare Hickson
Texto original: Escola de Cultura de Pau, Escenarios de riesgo y oportunidades de paz, abril 2024.
