La semana pasada, 16 y 17 de septiembre, tenía lugar en la capital ugandesa, Kampala, la Cumbre Internacional sobre Petróleo y Gas de Uganda [UIOGS], una conferencia organizada por el gobierno como plataforma para reunir a representantes de las firmas más relevantes del sector extractivo a nivel internacional. Un mes antes el gobierno ugandés había publicado la lista de las 16 empresas internacionales admitidas al proceso de licitación de 6 bloques en la cuenca Albertina, lo cual se une a los avances en el desarrollo de una refinería y un oleoducto regional de más de 1.300km de longitud para transportar el crudo a través de Kenia hasta su puerto costero en Lamu.
Unos días más tarde un grupo de ONG publicaba un escrito en el que, si bien aplaudían el ejercicio de transparencia del gobierno por la publicación de esta lista -ejercicio al que no nos tiene muy acostumbradas- alertaba del peligro de continuar con las licitaciones cuando el correspondiente marco legislativo, mecanismos e instituciones de control necesarios para asegurar su legalidad aún no están plenamente desarrollados.
¿Qué está pasando en Uganda en torno a la extracción?
Aunque ya desde comienzos del S.XX se conoce la existencia de hidrocarburos en el país, no ha sido hasta bien entrada la década del 2000 cuando la carrera por la producción de petróleo y gas en Uganda se intensificó exponencialmente, encontrándose reservas viables con un gigantesco potencial de producción estimado ahora en 3.500 millones de barriles. La mayor parte de las reservas se alojan en la cuenca del lago Albert que forma parte del valle del Rift, en el oeste del país, frontera con República Democrática del Congo. Esta región se conoce por ser una de las más ricas en términos de biodiversidad en África, cuenta con dos zonas calificadas como Patrimonio Natural de la Humanidad y dos humedales, entre otras joyas naturales.
Carrera regional o el oil rush
Las prisas de Uganda por desarrollar su potencial hidrocarburístico, descuidando hacerlo pasito a pasito y con buena letra, se debe enmarcar en el contexto regional del este de África, en el que Kenia, Tanzania y Sudán del Sur también han hechos sus propios avances. Uganda, que fue la primera en apostar por este sector, en un principio se veía como la futura proveedora regional de crudo y productos refinados -de ahí la importancia de construir una refinería propia-, pero ha visto mermada su capacidad de negociación y se ha forzado a apretar el paso para no perder liderazgo. Es en este contexto donde se sitúa la construcción del oleoducto regional, que canalizaría el crudo ugandés y keniata hacia el puerto de Lamu –aunque el trato aún no está cerrado y podría desviarse por Tanzania- dispuesto para su exportación al mercado internacional -especialmente el asiático. El desarrollo de este proyecto representa también un desafío no solo financiero, sino principalmente social y medioambiental.
La magnitud de esta carrera por los recursos naturales ha llevado a bautizar este periodo como el nuevo reparto de África –new scramble for Africa, en referencia al reparto de los territorios africanos entre las potencias coloniales en la Conferencia de Berlín que tuvo lugar entre 1884-85-. Sin embargo, en esta nueva configuración mundial ya no entran en juego sólo las tradicionales potencias occidentales, sino que se cuenta con la imponente presencia de otros actores internaciones como los países emergentes del bloque BRIC -Brasil, Rusia, India y especialmente China, que lidera el desembarco en el continente. Este contexto internacional aporta mayor margen de maniobra a los países productores a la hora de poner en valor sus materias primas, y ofrece toda una paleta de grises a las relaciones de poder geoestratégico anteriormente tan en blanco y negro.
Este nuevo auge del sector extractivo en el continente es, sin duda, una de las bases para las insistentes exhortaciones triunfalistas sobre la supuesta emergencia de África o african rise -basadas puramente en cuestiones macroeconómicas- ya que los ingresos provenientes del sector podrían -y remarco podrían, de acuerdo a algunos especialistas internacionales, dado mi propio escepticismo al respecto- situar a estos estados en la lista de países de renta media si se impusiera una buena gestión y la inversión se canalizara en mejorar infraestructura, reforzar otros sectores productivos, etc.
Sin embargo, las estadísticas agregadas y los promedios invisibilizan importantes desigualdades e inequidades en el desarrollo humano y en las sociedades, y la gran incertidumbre es si el gobierno ugandés será capaz de demostrar un desempeño positivo -hasta ahora no ha sido así- y si los costes no acabarán siendo más altos que los beneficios.
¿Hasta ahora no ha sido así? Efectos actuales
Efectivamente. El gobierno ugandés se encuentra bajo el escrutinio tanto local como internacional desde el comienzo de esta andadura por multitud de frentes.
Existen serias preocupaciones acerca de la falta de transparencia en los procesos de licitación y en la firma de los acuerdos productivos, así como sobre la corrupción generalizada en todo el entorno del sector. El secretismo sobre los detalles de los acuerdos de producción –Production Sharing Agreements- entre gobierno y empresas, que no han trascendido al público y cuyo acceso se dificulta enormemente, ha generado altos niveles de incertidumbre y desconfianza ante la gestión gubernamental. Tristemente, cuando se proyectan hipótesis sobre su futuro, son frecuentes las comparativas con países con un historial nefasto en la gestión económica, política, social y medioambiental del sector petrolero, como Nigeria. Ya que el sector está en un nivel incipiente de desarrollo, también son muchos los que tratan de reconducir esta situación apelando a las lecciones aprendidas en otras regiones.
Lo cierto es que, a pesar del interés formal mostrado por el gobierno ugandés en, por ejemplo, solicitar la adhesión al mecanismo de transparencia internacional EITI (Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas) se ha venido haciendo el remolón a la hora de dar los pasos necesarios para ello. El desarrollo de los marcos legislativos, que comenzó en 2005, se ha caracterizado por dotar de demasiados poderes a los representantes gubernamentales sin los adecuados mecanismos de control y transparencia, y a día de hoy, tal como señalaban las organizaciones de la sociedad civil, no está plenamente desarrollada ni implementada.
El factor medioambiental es un gran tema a tener en cuenta por dos razones. Por un lado, por el potencial peligro que cualquier accidente en la extracción representa para los medios de vida de las poblaciones – vertidos, filtraciones al agua y campos de cultivo, contaminación del lago, etc. Pero por otro lado, también la agresión a dos de los parques naturales más importantes del país como son el Murchison Falls al norte del Lago Albert, y el Queen Elisabeth en el lago Edward, colindante con el Parque Natural Virunga de R.D. del Congo, y otros impactos en diversas áreas protegidas. Si adoptamos un punto de vista economicista, igualmente cualquier percance podría representar una gran pérdida de ingresos por turismo, siendo este el sector que más ingresos aporta actualmente a las arcas del estado ugandés.
A nivel social, las actuaciones del gobierno también han hecho saltar las alarmas. A las distorsiones sociales provocadas por la entrada de esta nueva industria en los territorios, se suman los importantes impactos directos de la -dudosa- gestión del proyecto de construcción de la refinería en el distrito de Hoima, licitada finalmente al consorcio liderado por la empresa rusa RT Global Resources, subsidiaria de la empresa armamentística estatal rusa Rostec. Hablo, por ejemplo, del desplazamiento de más de 7.000 personas. A pesar de que el gobierno estableció un proceso formal de tasación y consulta, y reconociendo que la situación de vulnerabilidad de las personas/poblaciones afectadas es dispar, numerosas organizaciones denuncian que el proceso se llevó a cabo sin la debida consulta libre e informada, y los procesos de compensación y relocalización presentaron irregularidades. Tras más de 3 años desde su planificación, el impacto sobre los derechos humanos de los ciudadanos es enorme (acceso a salud, agua y saneamiento, educación para los niños, etc.).
Los efectos que esta carrera extractiva pueda tener en las relaciones con la vecina R.D. del Congo, las tensiones que ya se están generando y sus impactos en las poblaciones también son un asunto al que conviene seguirle la pista.
No todo es culpa del petróleo
No se debe simplificar asumiendo que estas faltas de transparencia, corrupción y demás efectos negativos se deben únicamente a la presencia extractiva.
Si abrimos el enfoque comprobamos que más bien el entorno extractivo se ha sumado al espectro de un modelo de régimen que se podría calificar de híbrido, y que muestra profundas contradicciones por su propia naturaleza, promoviendo reformas formalmente democratizadoras y con espacios de participación, pero que se rige en su interior por redes clientelares -exacerbando la corrupción- y por un férreo control sobre las voces críticas.
El gobierno de Yoweri Museveni se ha caracterizado históricamente por ser un muy buen alumno a la hora de aplicar las recetas neoliberales, no sólo en el plano económico sino también en el político-social, por lo que ha sido aplaudido por las instituciones internacionales. Sin embargo, a medida que acumula años en la presidencia -cumplirá 30 años en el poder en las próximas elecciones presidenciales anunciadas para marzo de 2016-, como otros muchos líderes del continente, intensifica unas prácticas con tintes personalistas y dictatoriales que obviamente se extienden hacia el entorno amplio del incipiente sector extractivo.
En este sentido, no podemos dejar de hablar de los intentos por silenciar las voces críticas, exacerbado tras la entrada en escena del sector extractivo, a través de la promulgación de leyes como la Ley de Gestión del Orden Público –Public Order Management bill- aprobada en 2013, vamos, su Ley Mordaza, ¿os suena?, o la Ley de las ONG –NGO Bill– actualmente bajo consideración y que incluye medidas punitivas, que de ser aprobada dejaría a las organizaciones independientes bajo intenso control e interferencia gubernamental, lo que estrangularía su capacidad de crítica, trabajo que realizan muchas veces bajo intimidación y en un entorno hostil.
Con todos estos factores sobre la mesa, el debate sobre la explotación de recursos naturales se complejiza enormemente, pero parece importante huir de explicaciones monocausales y, aunque suene a perogrullada, recordar que «al argumento de la maldición de los recursos le falta un factor, esto es, que la verdadera fuente de la maldición no es el recurso natural, sino la mala gestión económica y política«.
Foto: Paul Lowry
