El este de la República Democrática del Congo (RDC) es una región reconocida por sus verdes selvas tropicales y su vida silvestre. Desafortunadamente, es igualmente noticia por ser el escenario de algunas de los episodios más violents en el país, particularmente durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003). Por este último atributo, tiene también la distinción de ser una de las principales regiones en las que la Corte Penal Internacional (CPI) ha centrado su atención y destinado amplios recursos.
Desde que el gobierno congoleño remitió la situación a un tribunal internacional en 2004, el tribunal de La Haya ha emitido órdenes de detención contra seis personas y ha condenado a tres. Thomas Lubanga Dyilo fue la primera persona arrestada bajo una orden de la CPI en 2006 y la primera condenada por el tribunal en 2012. El exjefe del grupo rebelde Union des Patriotes Congolais (UPC) fue declarado culpable de reclutar menores en situación de conflicto armado y usándolos para luchar en hostilidades. Fue seguido por Germain Katanga, quien se convirtió en la segunda condena de la CPI en 2014. El ex líder de las Forces de Résistance Patriotique d’Ituri (FRPI) fue declarado culpable de cinco cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como cómplice de la masacre en el pueblo de Bogoro en 2003. Finalmente, desde que comenzó a investigar el este del Congo, la CPI ha destinado vastos recursos procesando a los considerados responsables de la violencia. En juicios que han durado varios años, ha llamado a cientos de testigos al estrado y ha gastado cientos de millones de dólares.
Dado que el Estatuto de Roma, establecido por la propia CPI, declaró que un objetivo clave era «poner fin a la impunidad de los perpetradores de estos crímenes y contribuir así a la prevención de tales crímenes», cabría esperar que este enfoque colosal de la CPI hubiera llevado a una reducción de la violencia en la región. Sin embargo, este no parece haber sido el caso. En los últimos años, cientos de personas han muerto y miles han tenido que huir. A finales de abril de 2021, UNICEF informó que ya se habían producido 175 violaciones graves desde el comienzo del año, incluido el reclutamiento de niños en grupos armados, asesinatos y violencia sexual. “Todos los días, los niños y sus derechos se ven socavados por la violencia implacable y las graves violaciones de derechos” declaro un alto representante de la propia agencia en la región.
Siguiendo las raíces
¿Por qué no han disuadido a otros de seguir sus pasos los enjuiciamientos de criminales de guerra de alto perfil, algunos de los cuales conducen a largas penas de prisión? Una razón podría ser que la CPI ha estado persiguiendo a las personas equivocadas. Hasta ahora, el tribunal ha apuntado a los líderes de las milicias culpables de crímenes de guerra y ha tratado en gran medida el origen del conflicto a partir de rivalidades étnicas. Sin embargo, muchos analistas sugieren que la violencia en la región es parte de dinámicas mucho más amplias que tienen sus orígenes en la administración colonial y poscolonial de la República Democrática del Congo. Involucran así factores como la corrupción, la marginación, la desigualdad de recursos y la explotación económica. Como señaló el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en la República Democrática del Congo en 2003, “a pesar de la apariencia étnica del conflicto, sus causas fundamentales son de naturaleza económica”.
De hecho, hay muchas partes interesadas en el conflicto del este del Congo más allá de los grupos armados. Por ejemplo, la competencia por el control de recursos como las minas de oro ha sido durante mucho tiempo una característica definitoria de la vida y la violencia entre militantes, sin embargo, una investigación de 2015 encontró que solo el 2% de las ganancias netas de la explotación ilegal de recursos en la República Democrática del Congo termina en manos de grupos armados.
Otros que se benefician de la inseguridad incluyen redes criminales transnacionales, estados vecinos y corporaciones multinacionales. Un Panel de Expertos de la ONU en 2003 nombró a 29 empresas asociadas con «redes de élite» en la República Democrática del Congo, además de listar 85 empresas que se consideró que habían violado las directrices de la OCDE. Las ganancias de la extracción ilegal, y la violencia asociada y los abusos de los derechos humanos, han llegado a los gobiernos de Ruanda, Zimbabue y Uganda, así como a empresas mineras, traficantes de armas y otras empresas en países como Suiza, Rusia, Kazajstán, Israel y Bélgica, Holanda y Alemania.
Un documento de Global Witness ha destacado cómo las empresas extranjeras en la provincia de Ituri hicieron pagos a los grupos rebeldes y les proporcionaron las instalaciones para explotar los recursos naturales. Llegó a la conclusión de que «el comercio de recursos naturales todavía sustenta algunas de las violencias más graves en el este de la República Democrática del Congo». Las corporaciones multinacionales también se han visto implicadas en la corrupción de alto nivel al sobornar a líderes corruptos a cambio de acceso a los recursos naturales del Congo.
Persiguiendo el dinero
La CPI es muy consciente de estas dinámicas subyacentes. De hecho, antes de emitir sus acusaciones en la República Democrática del Congo, el entonces Fiscal de la CPI Louis Moreno Ocampo señaló que “existe una preocupación generalizada de que las atrocidades presuntamente cometidas en el país puedan estar alimentadas por la explotación de los recursos naturales allí y el comercio de armas, que se habilitan a través del sistema bancario internacional”. Agregó que «si las supuestas prácticas comerciales continúan alimentando atrocidades, estas no se detendrían incluso si los autores actuales fueran arrestados y procesados».
Sin embargo, cuando se trataba de emitir acusaciones, la CPI simplemente apuntó a quienes estaban directamente involucrados en atrocidades masivas. Este enfoque ha oscurecido y absuelto la amplia red de actores más poderosos que facilitan, impulsan y se benefician de la miseria del pueblo congoleño. Este enfoque se ha reflejado en su juicio contra Dominic Ongwen del Ejército de Resistencia del Señor, en el que actualmente represento a las víctimas. El enfoque de la CPI en un individuo prominente en lugar de factores más profundos nuevamente significa que muchas personas y organizaciones poderosas evitarán la justicia.
Hasta ahora, muchos de los mayores éxitos de la CPI han sido condenar a líderes armados del este del Congo. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de tiempo, experiencia y recursos dedicados a la región, sus actividades parecen haber hecho poco para reducir la violencia allí. El Estatuto de Roma declara que “los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes”. Casi 20 años después de que comenzara a operar, ya es hora de que la CPI reconsidere cuáles son realmente esos “crímenes más graves”.
Autora: Anushka Sehmi. Traducción del publicado en African Arguments
Fotografía: Fatou Bensouda, fiscal de la CPI (Creative Commons)
