El pasado 11 de octubre el coronel Assimi Goita recibía de manos de Fousseyni Samake, presidente de la Comisión de Redacción de la Constitución, el borrador de la nueva carta magna de Mali, un documento que, en teoría, acerca al país al fin de la transición militar. La principal crítica de algunos expertos es que refuerza la figura del presidente de la República, extremo que no podemos confirmar dado que no se puede consultar el documento original. Sin embargo, si así fuera, Mali habría malgastado la posibilidad de reformar realmente su sistema político y caído otra vez en la trampa de la copia del modelo de la V República francesa, una cuestión que explica cómo funcionan los Estados africanos del área francófona y que está en el origen de sus crisis políticas.
Una presidencia absolutista y un parlamento débil
La actual situación de crisis política en Francia me permite revisar un texto que firmé en el último Informe África, coordinado por Elsa Aimé e Itxaso Domínguez para la Fundación Alternativas. En mi capítulo, que se centraba en las crisis políticas de África occidental, explicaba que el modelo presidencialista, copiado de la V República francesa, constituye el meollo de gran parte de los problemas políticos en África.
La V República francesa es, probablemente, el modelo de gobierno más popular y peor adaptado a la realidad de un país africano. En estos días, en los que observamos en las noticias el enorme descontento popular en Francia, se puede comprender que este sistema es demasiado propenso a generar bloqueos políticos y una potencial bomba de relojería para provocar crisis sociales que se manifiesten en la calle.
La famosa disposición francesa 49.3 (que permite adoptar una ley sin el voto del parlamento cuando el gobierno carece de la mayoría necesaria y que Elisabeth Borne ha utilizado once veces desde su nombramiento hace menos de un año) o las diferentes variantes africanas que permiten al presidente esquivar el control parlamentario implican que: 1) el parlamento solo puede expresar su descontento ante la acción presidencial forzando la destitución del primer ministro, sin que su voto de censura afecte al presidente, que puede nombrar un nuevo primer ministro y, si quiere, continuar su política y 2) el presidente sí que puede disolver el parlamento, aprobar leyes sin su permiso o promulgar un referéndum sin contar con él.
De hecho, el sistema de la V República impide que el parlamento controle efectivamente la acción del presidente, que se convierte, técnicamente, en un soberano al que se elige cada cinco años y que se quedará en su puesto hasta las siguientes elecciones, independientemente del malestar social que provoquen sus decisiones. La opción de una moción de censura que pueda tumbar a un gobierno, como sucede en España, no es posible.
Un pueblo a la espera
Frente a la crisis social a la que se enfrenta por la prórroga de la edad de jubilación, Macron afirmó en este mes de marzo: «Una multitud, sea cual sea, no tiene legitimidad frente al pueblo que se expresa a través de sus representantes». Estas palabras recuerdan a otras similares pronunciadas por dirigentes africanos frente a la contestación social: todos se refugian en la legitimidad otorgada por elecciones (no siempre) limpias y el pueblo está condenado a callarse hasta que vuelva a votar.
El modelo que ofrece la V República francesa es, en la práctica, «un día de libertad por cinco años de opresión» y su funcionalidad depende, finalmente, de la cultura democrática de quien ostente el poder ejecutivo. Una lógica que se puede resumir en una cita de Bertold Brecht: «Como el pueblo vota contra el Gobierno, el pueblo debe ser disuelto». En el caso africano, la represión del pueblo por las fuerzas de seguridad ha causado muertos en la República de Guinea, Costa de Marfil o Burkina Faso y los bloqueos políticos se resolvieron con golpes de Estado en países como Mali. Sin embargo, si no resultan en una reforma constitucional que aleje a los futuros gobiernos civiles de Mali de la V República francesa y si no se limita el poder presidencial, es posible que las condiciones que llevaron al golpe de Estado sigan reproduciéndose.
¿Qué se debería haber hecho con Mali?
Tras el golpe de Estado, la primera reacción de la comunidad internacional, con la CEDEAO al frente, fue lanzar una batería de sanciones y amenazas mediáticas contra la junta militar maliense. En diciembre de 2022, se llegó a proponer la idea de montar una fuerza conjunta de la CEDEAO para defender el orden constitucional en los Estados-miembros de la organización, alternativa que no se plantea para defender a las poblaciones del Sahel expuestas, desde hace ya más de una década, al peligro yihadista.
Probablemente, sería más sabio y constructivo crear, en lugar de un ejército, un comité regional de expertos independientes para analizar las causas profundas de las crisis políticas que llevan a estos golpes de Estado y, sobre todo, las razones por las que la población celebra dichos golpes. A partir de este punto, se podría intentar entender por qué, a pesar de los cambios de gobierno, el sistema favorece la multiplicación de los abusos de poder, la mala gobernanza y la corrupción y promover la instauración de un sistema donde la participación política popular no se limite a votar cada cinco años y el control al ejecutivo sea efectivo.
En este contexto y si lo que se avanza de la nueva constitución maliense es cierto, la constante presión interior y exterior han impedido un cambio de sistema real, que permita que la expresión de la voluntad popular se convierta en una permanente espada de Damocles sobre la cabeza de los políticos, que les fuerce a respetar su voluntad y hacer honor al privilegio de representarles. No se trata de una utopía: de hecho y aunque resulte paradójico, el militar golpista Jerry Rawlings pudo promulgar, durante su junta militar, una constitución que puso fin a la cadena de golpes de Estado que sufría el país desde su independencia (10 intentos, con cinco exitosos), garantizando la estabilidad política a través del control parlamentario sobre el gobierno.
Fotografía de portada: Présidence de la République du Bénin
