Existe un hilo invisible que conecta directamente los asesinatos de defensores de Derechos Humanos y la degradación de la naturaleza con nuestros bolsillos. El combustible barato -y por más caro que lo consideremos, sigue siendo barato- se cobra un coste en vidas humanas y de otras especies, en el fin de culturas, lenguas y pueblos. Pero, como acostumbra a señalar Carlos Fernández-Líria, en este capitalismo actual, los seres humanos somos incapaces conocer las implicaciones de sus actos, de conocer qué existe tras una acción aparentemente tan banal como llenar el depósito, o encender la calefacción.
Un 10 de noviembre como hoy, pero de 1995, la dictadura nigeriana de Sani Abacha ahorcó a nueve activistas defensores del medioambiente y de la libertad del pueblo Ogoni. Entre ellos se encontraba Ken Saro-Wiwa, escritor, presentador de televisión y líder del movimiento ogoni que hacía frente, de manera pacífica, a los abusos del régimen militar y a la histórica presencia de la petrolera anglo-holandesa Shell en el territorio de su pueblo.
Una dictadura colaboracionista
La pena de muerte que se ejecutó aquel día fue fruto de un juicio farsa donde la dictadura acusaba a nueve personas pacíficas de haber cometido asesinatos de su propia gente. La realidad era que Abacha defendía los intereses de la multinacional, colaborando en la represión del pueblo Ogoni. La horca fue el destino de los defensores de Derechos Humanos incluso ante las protestas públicas de varios actores internacionales. Abacha moriría tres años después, con una fortuna estimada en 4.000 millones de dólares, sin duda amasados gracias a abrir el país en canal y servirlo en bandeja a las multinacionales.
Pero Shell había llegado mucho antes que Abacha. La petrolera se había instalado en Ogoniland, una región del Delta del Níger en el sureste de Nigeria, durante la década de los 50 del siglo XX. La zona era rica en depósitos petrolíferos, y la multinacional se hizo con el control de los pozos, aunque eso pusiera en peligro el modo de vida y la cultura de la población. Las resistencias no se hicieron esperar, y ya en la década siguiente se pueden encontrar milicias armadas que hacían frente al proyecto. Una lucha armada que llega hasta 2020, aunque ahora apaciguada por lo que parece ser un flujo constante de dinero entre el gobierno nigeriano y las milicias.
Sin embargo, el río de petróleo continuaba fluyendo caudalosamente hacia las arcas de la petrolera, al tiempo que las constantes fugas contaminaban y destruían la naturaleza de la región. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) estableció en 2011 que recuperar la zona llevaría, como mínimo, 30 años y tendría un coste de más de 30.000 millones de dólares. La misma cantidad que se calcula que ha ganado Shell en la zona desde su llegada a mediados del siglo pasado.
Un ogoni defiende su tierra
En el centro de la extracción petrolífera, el pueblo Ogoni veía cómo sus tierras eran inundadas y arrasadas por la explotación anglo-holandesa. Ken Saro-Wiwa, que se había hecho un nombre como escritor y productor de televisión, se puso al frente de un movimiento político que, desde un pacifismo radical, exigía la reparación del daño medioambiental causado, la participación del pueblo Ogoni en el reparto de beneficios de la explotación petrolífera, y el reconocimiento de la autonomía política, dentro del Estado nigeriano, de Ogoniland.
El Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) protagonizó las protestas contra Shell y la dictadura, con Saro-Wiwa a la cabeza. Su fuerza política crecía al mismo ritmo que su prestigio internacional, obteniendo el Goldman Prize -conocido como Premio Nobel de Medioambiente- y siendo nominado para el Nobel de la Paz.
El MOSOP combinaba acción local con acción internacional. El 4 de enero de 1993, más de 300.000 personas ogoni se manifestaban celebrando el Año Internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo de las Naciones Unidas. Y, días más tarde, los Ogoni se incorporaron a la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), una organización internacional de pueblos sin estado constituida por poblaciones indígenas y minorías étnicas.
La dictadura no se quedó quieta ante la movilización política del pueblo Ogoni, y se calcula que al menos 94 aldeas fueron arrasadas por el ejército nigeriano. Las personas fallecidas se contaron por cientos, y por miles aquellas que tuvieron que huir de sus casas. Frente a esta represión, Saro-Wiwa se mantuvo firme en la determinación pacifista del movimiento, y es famoso su discurso pocos días antes de ser detenido, en el que señala que el único camino para la lucha ogoni es el pacífico.
Su detención se produjo a mediados de ese 1993 de 1994, junto con otros ocho compañeros de lucha más, acusados falsamente todos ellos de perpetrar asesinatos entre la comunidad ogoni. La celebración del juicio transcurrió con la normalidad que los juicios políticos acostumbran a tener, sólo alterada por la presencia, en calidad de observador, de un abogado de la empresa petrolífera. La sentencia a la horca no hizo más que elevar la cuestión ogoni a nivel internacional, aunque las protestas oficiales, ni tuvieron un efecto en la consecución de un indulto, ni se mantuvieron en el tiempo -la Commonwealth expulsó a una Nigeria gobernada por dictadores militares durante sólo cuatro años a raíz de la ejecución.
Ken Saro-Wiwa, John Kpunien, Saturday Doobee, Felix Nuate, Daniel Gbokoo, Barinem Kiobel, Baribor Bera, Nordu Eawo y Paul Levura perdieron la vida un 10 de noviembre de 1995 por el solo delito de haber luchado pacíficamente contra una dictadura militar y contra el peso de un capitalismo que llena nuestros bolsillos de petróleo barato, aunque nosotros seamos incapaces de ver esa conexión.
Para el recuerdo, sus palabras en el alegato final frente a su sentencia, y una frase escrita antes de su muerte: “muerto soy más peligroso”.
Si quieres profundizar más en los hechos de ese 1995, puedes ver el documental “El caso contra Shell”. Cabe recordar que la petrolera acabó pagando una indemnización por los graves daños medioambientales y violaciones de Derechos Humanos cometidos en la zona: 15 millones de dólares fue el precio.
