La primera hambruna causada por el cambio climático más que por conflicto prosigue en medio de una insuficiente atención doméstica y global.
Entrando en 2022, Madagascar sigue luchando con una severa hambruna – conocida localmente como kere – al sur de la isla. A pesar de ser responsable de un despreciable porcentaje de las emisiones de carbón, el país ha sido golpeado por lo que tanto Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos (WFP son sus siglas en inglés) denominan la primera crisis de hambre causada más por el cambio climático que por un conflicto.
Hace tres años, sequías a niveles nunca vistos en cuatro décadas provocaron malas cosechas y una generalizada escasez de alimentos. Desde finales de 2020, se han registrado docenas de muertes por inanición y más de 1,1 millón de personas – de una población de unos 27 millones – están en inseguridad alimentaria. El WFP estima que decenas de miles de malgaches están sufriendo actualmente una «catastróficas» condiciones de hambruna (el quinto y mayor nivel reconocido internacionalmente de inseguridad alimentaria).
Debido a su distinta geografía, Madagascar es susceptible a sufrir periodos de sequía. La actual hambruna es la 16ª en la isla desde inicios del siglo XX. Su región sureña – conocida como «zona semiárida» – es especialmente vulnerable a patrones climáticos cambiantes. Al igual que sequía, el año pasado hubo tormentas de arena (conocida como tiomena o «vientos rojos») en esta área que dañaron la capa superficial del suelo ya afectada por las tardías lluvias y la deforestación.
Factores exacerbantes
Además de la meteorología extrema, varios factores han agravado la situación en Madagascar.
En primer lugar, la cuestionable toma de decisiones posiblemente ha contribuido a agravar el problema. La administración del presidente Andry Rajoelina no lanzó iniciativas específicas para atajar la hambruna hasta finales de 2020 y ha sido criticada por su lenta respuesta. Mientras, algunos han cuestionado la estrategia gubernamental de establecer el Centro de Coordinación de Operaciones contra el Kere (CCOK) para distribuir alimentos directamente a las familias en la región de Androy. Los observadores han sugerido que las organizaciones locales independientes deberían ser las únicas que aseguren que la asistencia llega a las zonas afectadas. Otros han denunciado que el foco del gobierno esté puesto en soluciones cortoplacistas, especialmente cuando la situación en zonas como la región Anosy sigue estando exacerbada por un inadecuado sistema de carreteras.
En segundo lugar, algunos asuntos externos han impedido la respuesta nacional e internacional a la hambruna. La crisis socioeconómica y política de larga duración de Madagascar no ha desaparecido y la pandemia de la Covid-19 ha añadido varios problemas adicionales. Las restricciones para viajar han complicado los esfuerzos alimentarios, mientras las medidas de confinamiento y la caída de la industria turística ha golpeado duramente su economía y contribuido al alza de precios de muchas materias primas.
En tercer lugar, los bandidos armados de la región incrementan la escasez robando suministros, incluyendo ganado y ayuda alimentaria internacional. Conocidas como dahalo, estas bandas a veces llegan a matar a locales y prender fuego a pueblos enteros. Durante años, han aprovechado la escasa presencia de seguridad estatal en el sur remoto, así como la cooperación de oficiales locales corruptos (conocidos coloquialmente como dahalo ambony latabatra o «ladrones de vacas en sillones»). En 2016, el gobierno desplegó la recién creada Unidad Especial Anti-Dahalo, pero la unidad especializada ha demostrado escasa e insuficiente capacidad para frenar a los bandidos.
Efectos en cascada
Además de estar afectada por diversidad de factores, la hambruna en Madagascar tiene también un amplio rango de efectos secundarios más allá de la escasez de alimentos.
Para empezar, la manera en la que las crisis tienen género, lo que significa que mujeres y niños son los más afectados: se estima que 4,3 millones de menores necesitan asistencia. En estas circunstancias, hay un riesgo muy alto de abuso y explotación sexual, violencia basada en género, y violencia contra la infancia. La privación también aumenta prácticas como el matrimonio infantil y casos de padres que venden a sus hijos a cambio de dinero para comprar comida.
La combinación de violencia y hambre también ha contribuido al incremento de desplazamientos internos, contribuyendo a la degradación del medioambiente. En los últimos años, decenas de miles de personas han huido del sur, a menudo yendo al oeste. Las fuerzas del gobierno han intentado limitar el acceso de la gente a áreas en torno y dentro de las tierras protegidas en esta parte del país, pero muchos han logrado quemar y arrasar miles de hectáreas – como en el bosque seco Menabe Antimena – para beneficio de las grandes compañías de cerveza y producción de alimentos. Estas empresas emplean a estos migrantes internos a un coste muy bajo, además de explotar ilegalmente el territorio. El Parque Nacional Ankarafantsika ha sufrido incendios que las autoridades locales han atribuido a los migrantes climáticos del sur.
La lenta respuesta del gobierno apenas ha mejorado la situación. Se han abierto pocos lugares para alojar a estos huidos de sus casas, al tiempo que quienes tienen que velar por las áreas protegidas están mal equipados para evitar que cientos, si no miles, de personas entren en estas regiones ecológicamente tan importantes.
Retos superpuestos
La situación en Madagascar demuestra cómo una crisis en una zona puede, de repente e incontrolablemente, reproducirse en muchas otras, y cómo los intentos confusos por remediarlo no funcionan a menos que estén efectivamente dirigidos, todos a una.
Los esfuerzos del gobierno por confrontar estos problemas se han quedado cortos en muchas áreas, pero la atención internacional también es insuficiente. Será difícil y se requerirá compromiso a largo plazo para resolver estos muchos asuntos, pero algunas cosas están claras. Para acabar con la hambruna severa, su miríada de causas y efectos en cascada, Madagascar necesitará un programa claro y coordinado que involucre a todos los actores para asegurar que las respuestas no estén duplicadas, un papel central para las organizaciones locales que están más cerca de las poblaciones afectadas, y garantías de responsabilidad y transparencia en los recursos empleados.
Autoría:
Dr Manoa Faliarivola es investigadora zoóloga y profesora en la Universidad Estatal de Itasy. Tiene una extensa experiencia en medioambientalismo, cambio climático, ecología y biodiversidad en Madagascar.
Marc Lanteigne es profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Ártica de Noruega, Tromso, especialista en relaciones internacionales comparativas que incluyen la diplomacia chinafricana.
Dr Velomahanina Razakamaharavo es investigadora asociada en la Universidad de Reading y trabaja en la intersección de género, paz, seguridad y tecnología. Tiene una extensa experiencia en paz y conflictos en Madagascar.
Este artículo fue originalmente publicado en African Arguments.
Fotografías: Etienne
