La capacidad de las grandes empresas y las grandes fortunas —una gran mayoría de ellas instaladas en los países ricos— para acabar definiendo un sistema fiscal internacional opaco y a su medida está saqueando de recursos y oportunidades el continente africano. Hasta que no afrontemos de manera contundente y concertada esta deficiencia, el futuro del continente seguirá devorado por estas “termitas fiscales”.
Hace un par de semanas, nos despertábamos con una gran noticia: Amazon había decidido -¡por fin!- comenzar a pagar en España los impuestos derivados de los beneficios obtenidos por sus ventas en este país. Al igual que llevaba sucediendo en muchos otros países -incluidos Reino Unido, Italia, Alemania y Francia- Amazon, mediante diferentes artimañas contables, canalizaba todos sus beneficios a través de su filial en Luxemburgo, dónde la factura fiscal es sensiblemente inferior.
Como era de esperar, algunos se apresuraron a darse palmaditas en la espalda, pero la verdad es que todo parece indicar que no fue ninguna reforma legislativa, ni el acoso o las amenazas de la administración tributaria de turno la que le hizo cambiar de opinión. Esta multinacional, como muchas otras -¿se acuerdan de los luxleaks?- acostumbran a hacer lo que quieren en este tema: no tan solo consiguen influir notablemente en las leyes tributarias nacionales e internacionales -facilitando su opacidad-, sino que han conseguido convertir en dogma de fe la idea de que el país que menos tasa los beneficios de las empresas, resulta el más competitivo y de mayor porvenir. Como resultado, son muchos los países que se encuentran sumergidos en una especie de loca carrera hacia no se sabe dónde por ofrecer atractivos convenios de inversión únicamente apuntalados en importantes beneficios fiscales y bajas cargas impositivas, enfrentados, además, a la competencia desleal de los paraísos fiscales.
La falta de coordinación y comunicación entre los diferentes países en materia fiscal y tributaria no hace más que ahondar en el problema. Ante esta situación, estas empresas multinacionales, conformadas por múltiples filiales, producen y comercializan sus bienes y servicios en diferentes lugares del planeta con lo que acaban viviendo en una especie de limbo legal entre diferentes jurisdicciones fiscales. A través de los intercambios comerciales entre filiales de un mismo grupo empresarial, o incluso a través de facturas por servicios ofrecidos por una empresa filial a otra, resulta relativamente sencillo acabar moviendo los beneficios de una jurisdicción a otra mucho menos gravosa. De esta manera se consigue, por ejemplo, que la Isla de Jersey, situada en medio del Canal de la Mancha y con alguna que otra “dificultad meteorológica” para hacer crecer árboles tropicales, se haya convertido en uno de los principales países exportadores de bananas al continente Europeo. El resultado de esta gran mascarada global es que cada vez se dispone de menos recursos para financiar el gasto y la inversión pública.
Esta realidad afecta a prácticamente todos los países en todos los continentes, pero conviene poner dicha situación en perspectiva, de acuerdo con las necesidades y las opciones que maneja cada uno. Y claro, cuando hacemos este ejercicio, el continente africano, de nuevo, tiene todas las de perder.
De acuerdo con una reciente investigación elaborada por la UNCTAD, a través de estas prácticas de ingeniería contable y fiscal las empresas multinacionales consiguieron sacar de África, tan solo en 2010, cerca de 40.000 millones de dólares. A partir de estos datos, OXFAM ha calculado que cerca de la mitad de esta cantidad corresponde a empresas e inversores basados en los países que conforman el G7, alcanzando los 20.000 millones de dólares. Si se hubiesen pagado los impuestos correspondientes, las agencias nacionales tributarias del continente habrían conseguido alrededor de 6.000 millones de dólares adicionales. Más o menos lo que costaría establecer un sistema de salud con acceso universal en los cuatro países más afectados por el virus del ébola -Sierra Leona, Liberia, Guinea y Guinea Bissau.
Existen otras muchas maneras adicionales de robar al continente: dinero producto de la corrupción que sale del país, organizaciones criminales que blanquean el dinero a través del comercio, grupos terroristas realizando numerosas transferencias de pequeñas cantidades a modo de remesa o simplemente sacando maletas llenas de billetes. A diferencia de las prácticas empresariales, estas opciones tienen un origen ilegal, aunque igual que las primeras, suponen también un claro ejemplo de evasión fiscal. La organización sin ánimo de lucro Global Financial Integrity ha estimado que entre 2003 y 2012 cerca de 529.000 millones de dólares -o sea, más de medio billón- dejaron el continente como flujos ilícitos, es decir, sin tributar.
África no es la región del mundo que más dinero pierde -de Asia, durante el mismo periodo, salieron más de 2,5 billones de dólares- pero sí que lo es en relación al tamaño de su economía, llegando a alcanzar durante el mismo periodo el 5,5% del PIB.
Más importante aún, si comparamos estos flujos que salen con otros flujos financieros que llegan al continente, estos 529.000 millones de dólares representan el doble de lo que recibió el continente en forma de Inversión Extranjera Directa y 1,5 veces lo que recibió como solidaridad en forma de ayuda oficial al desarrollo. Pero quizás lo más sorprendente es que de acuerdo con esta misma organización, entre el 60 y el 65% de estos flujos ilícitos correspondían a las prácticas antes mencionadas realizadas por empresas multinacionales.
Visiblemente enojado, el expresidente sudafricano Tabo Mbeki, encargado de liderar el trabajo sobre este tema en la Unión Africana, llegó a afirmar el febrero pasado que: “La información disponible nos ha convencido de que las grandes corporaciones comerciales son, con mucho, los mayores culpables de las salidas ilícitas de capital, seguido del crimen organizado”.
A pesar de que el capital y la propiedad de este tipo de empresas ya poco entienden de países o naciones, sí es verdad que la gran mayoría con capacidad para hacer este tipo de triquiñuelas fiscales tienen sus sedes centrales en países ricos. También es verdad que de esta gran fiesta de la globalización no sólo participan las grandes empresas del viejo continente o de Estados Unidos, sino que cada vez más, acuden nuevos invitados procedentes de países como China o Rusia. Y como suele ocurrir en toda buena fiesta, se necesita a alguien para que ponga la sala. Y aquí es donde entran las élites políticas y económicas del propio continente africano. Sin ellas, probablemente nada de esto sería posible: facilitando el saqueo y cobrándose una buena tajada, muchas veces a través de prácticas corruptas que socavan la credibilidad y la eficacia de la administración pública nacional.
Son muchos los países africanos que necesitan mayores recursos de financiación no sólo para atender las actuales necesidades de gasto, si no para poder comenzar a invertir en un futuro mejor. La magnitud de estas necesidades se hace aun mayor cuando se observan los crecientes signos que muestran cómo algunos países africanos están de nuevo entrando en una peligrosa espiral de acumulación de deuda.
Al igual que las termitas comunes que pueden llegar a corroer por dentro cualquier árbol, poco a poco y sin hacer ruido, estas “termitas fiscales” debilitan enormemente el porvenir de los países africanos. Más allá de diezmar unos valiosos recursos económicos que pueden servir para financiar escuelas, hospitales, seguridad o carreteras, las termitas fiscales minan la autonomía de los países y ahondan en la desigualdad dificultando la cohesión social. Así, los más pobres ven como se cierran centros de atención primaria y escuelas públicas, mientras las grandes fortunas con fuertes conexiones con estas empresas continúan amasando grandes patrimonios.
Los países más ricos, muchos de ellos saliendo de una crisis económica que ha supuesto una enorme losa en la forma de altísimos niveles de deuda pública, han mostrado su intención de ponerse con este asunto. Impulsado por el G20 y la OCDE, recientemente se ha lanzado un plan de acción contra la «erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios» -iniciativa BEPS. Sin embargo, como suele suceder con frecuencia, este tipo de discusiones se mantienen a puerta cerrada y los gobiernos africanos -entre muchos otros- han quedado excluidos. Ante tal panorama, resultará difícil que sus necesidades se vean adecuadamente atendidas. Tratar estos temas en una plataforma con mayor representatividad y representación -como podría ser Naciones Unidas- y crear un organismo intergubernamental para promover una mayor cooperación internacional en asuntos tributarios sería un gran comienzo.
Quizás haya llegado ya el momento de ponerse serios y de una vez por todas ayudar de verdad al continente africano promoviendo cambios efectivos en las reglas impositivas globales que empobrecen las arcas de los gobiernos y enriquecen a las multinacionales. Por mucha ayuda que demos a los países del continente, de nada servirá si no hacemos que las empresas paguen sus impuestos ahí donde generan la riqueza. Es un tema, además, que nos afecta a todos: ¡países ricos y países pobres!
