“Muere el presidente de Chad por heridas de combates contra los rebeldes del FACT en el norte del país”, “Muere en combate el presidente de Chad, según fuentes militares” y titulares similares han plagado los rotativos a nivel global a la hora de explicar los acontecimientos que han tenido lugar en Chad en las últimas horas. “El presidente de la República, jefe del Estado, jefe supremo de los Ejércitos, Idriss Déby Itno, acaba de morir defendiendo la integridad territorial de Chad en el campo de batalla”, aseguraba el texto difundido por el Ejército.
Los medios de comunicación internacionales y una pléyade de Estados, liderados por Francia así como la UA y la ONU, han lamentado su muerte y han recordado que era uno los pilares en la construcción de la arquitectura de la paz y la seguridad en el continente y, en especial, en el Sahel y un aliado clave en sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, olvidando deliberadamente que su sucesor ha alcanzado el cargo suplantando al Gobierno vigente, lo que supone, de facto, un golpe de Estado. Solo Estados Unidos ha recordado que esta transición debería ser acorde con la Constitución chadiana, aunque esta ya había sido anulada por el consejo militar, puesto en marcha para ocupar el supuesto vacío de poder. Este consejo estará dirigido por el general Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido, durante los próximos 18 meses. El poderoso Mahamat “Kaka”, comandante en jefe de la guardia presidencial (la dirección general de los servicios de seguridad o DGSSIE, el cuerpo de élite las Fuerzas Armadas chadianas), aceleró el relevo ya que su padre no había designado, de facto, un sucesor en el poder, creando una junta compuesta por 14 generales de su confianza, disolviendo el Gobierno y el Parlamento e instaurando el toque de queda. El propio Déby había llegado al poder hace 31 años al frente de una rebelión que consiguió derrocar al anterior presidente, Hissène Habré.
Represión electoral y movilizaciones sociales: Wakit Tama y COVID-19
El pasado lunes 19 de abril la comisión electoral había publicado los resultados provisionales en los que Idriss Déby había sido reelegido en su cargo para un sexto mandato, tras ganar las elecciones celebradas el 11 de abril con un 79,32% de los votos. Estas elecciones habían transcurrido en medio de un clima de represión y persecución política de la oposición, de activistas y de defensores de los derechos humanos y habían sido boicoteadas por parte de varios líderes opositores, entre ellos el histórico líder opositor Saleh Kebzabo, por el clima de inseguridad contra sus actos de campaña y manifestaciones que reclamaban una transición pacífica y democrática. El mismo Succès Masra, el líder del emergente partido opositor Les Transformateurs, cuya candidatura había sido rechazada por el Tribunal Supremo, había pedido el aplazamiento electoral para facilitar el necesario diálogo político. En este sentido, numerosos actores de la sociedad civil, entre ellos diversos partidos opositores, sindicatos y grupos de jóvenes habían lanzado la campaña “Wakit Tama” (Ahora es el momento) contra el sexto mandato de Déby. El domicilio del mismo candidato opositor Yaya Dillo Djerou, antiguo líder rebelde y sobrino de Idriss Déby, había sido atacado en febrero por los cuerpos de seguridad. Siendo de la misma etnia que el presidente –la comunidad zaghawa, un 4% de la población, tiene el control de un Ejército con graves problemas, tal y como señalaba en enero el International Crisis Group– se había permitido criticar y acusar de corrupción y malversación a la primera dama, Hinda Déby Itno. La familia y entorno de Idriss Déby, señalada en numerosas ocasiones por haber construido un país sobre los cimientos de la corrupción, copaba los principales cargos políticos, económicos y militares.
Este clima de represión e inestabilidad no había escapado a la pandemia de la COVID-19, agravado durante el último año por la instrumentalización política de la situación de excepcionalidad con el objetivo de reprimir a la oposición política en el marco de las restricciones derivadas para limitar la expansión de la pandemia. La preocupación en las calles de N’Djamena era palpable ante el silencio de actores políticos y sociales y medios de comunicación locales ante posibles represalias por la situación de excepcionalidad establecida por la junta militar, según analistas.
El elefante está en la habitación pero nadie quiere verlo
Este silencio cómplice de la comunidad internacional también es palpable a la hora de denunciar lo que supone un golpe de Estado al haberse constituido el consejo militar de transición y haber suplantado al Gobierno y al Parlamento, y anulado la Constitución para un periodo inicial de 18 meses que podría prolongarse, en función de la evolución política interna y de las respuestas de la comunidad internacional, lo que da alas a la familia Déby a afianzarse en el poder durante estos 18 meses, lo que habría sido más difícil si el presidente del Senado hubiera tomado el control de la situación y se hubieran convocado nuevas elecciones por parte de un Gobierno provisional de carácter civil.
En este sentido, lejos queda el boicot por parte de la oposición del gubernamental Foro Nacional Inclusivo sobre la reforma constitucional que se celebró en N’Djamena entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2020, ya que no incluía la reforma del Ejército, que el propio Déby, en febrero de 2020, había restructurado nombrando a familiares y miembros de su grupo étnico como altos cargos del Ejército y la Policía. En el Foro, entre otras cosas, se discutió la creación de la figura de vicepresidente –nombrado por el presidente– que, días después, se convirtió en ley, sembrando la preocupación de que Déby intentara promover en este cargo a personas de su entorno más cercano. No obstante, en diciembre, el Parlamento aprobó la reforma constitucional permitiendo que el jefe del Senado –y no el vicepresidente, que es nombrado por el presidente– ocupara el cargo de presidente en funciones, tal y como pretendía impulsar Déby, en caso de ausencia o incapacidad del presidente para ejercer sus funciones. Esta reforma finalmente entró en vigor el 14 de diciembre. El vacío de poder por su muerte ha sido rápidamente ocupado por su hijo, culminando la reforma que no pudo aprobar Déby padre.
Dimensiones regionales de la crisis chadiana
Es difícil de valorar el alcance de la ofensiva que estaba llevando en los últimos días el Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) en el norte del país y que supuestamente se dirigía hacia la capital para imponer por la fuerza un cambio político. Sin embargo, esta ofensiva así como el papel que juega Chad en el escenario regional de lucha contra el terrorismo –la operación Barkhane en el Sahel Occidental y la participación de Chad en la Fuerza Conjunta Multinacional (MNJTF) en su lucha contra Boko Haram y sus escisiones en la provincia chadiana de Lac, noreste de Nigeria, la región nigerina de Diffa y el Extrème Nord camerunés– sirven de acicate a la comunidad internacional para legitimar la toma del poder por parte de la junta militar “ante el riesgo de que el país se hunda en la anarquía”, tal y como remarcaba el vicepresidente de la junta, el general Djimadoum Tiraïna, junta que también rápidamente reafirmó los compromisos regionales e internacionales del Chad en la lucha contra el terrorismo para calmar los ánimos en las diferentes cancillerías.
Las guerras en las vecinas Libia y República Centroafricana, la transición política en Sudán (con conflictos armados abiertos en Darfur, donde Chad ha tenido un papel protagónico, y en Kordofán Sur y Nilo Azul) y las dificultades en la implementación del frágil acuerdo de paz en marcha de Sudán del Sur (todavía hundida en una de las guerras más graves de la actualidad) hacen impensable que la comunidad internacional pudiera permitir que el castillo de naipes de Chad cayese o que entrara en un proceso de relevo institucional civil con las incógnitas vinculadas a la inestabilidad interna y la presión social que implicara una fase de transición en la que los militares no tuvieran ningún papel relevante. Sin embargo, el FACT y el Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (CCMSR), otra insurgencia que ha dado su apoyo al FACT, señalaban que continuarían su lucha por la liberación del país, invitaban a la comunidad internacional a apoyar al pueblo chadiano y pedían a Francia adoptar una posición de neutralidad frente a la rebelión. Francia, el eterno aliado de Déby padre, remarcaba que “había perdido a un amigo valiente” y tomaba nota de relevo del consejo militar, sin cuestionar lo que en cualquier otra democracia sería un escándalo político condenado por la comunidad internacional. La balanza en el dilema entre seguridad –los intereses geoestratégicos de Occidente y la llamada lucha contra el terrorismo– y democracia se decanta nuevamente en la misma dirección.
