Mañana (17 de diciembre) se celebra un referéndum constitucional que pretende fortalecer el poder del presidente Mahmat Déby, quien accedió al poder tras perpetrar un golpe de Estado en abril de 2021 como consecuencia de la muerte de su padre, Idriss Déby. Este referéndum ha sido boicoteado por diversas figuras de la oposición y de la sociedad civil -entre ellas el líder de la coalición opositora Plataforma Republicana, el antiguo ministro Sidick Abdelkereim Haggar- que continuaron denunciando que el proyecto de Constitución se centraba en un Estado unitario en detrimento del federal, la falta de participación de los principales actores políticos y la rapidez en la elaboración del censo, que no abarcó a todo el electorado, especialmente en las provincias del sur. Este referéndum constitucional pretende legitimar un Estado más centralista y, en definitiva, el proceso de transición iniciado con el golpe de Estado cometido en abril de 2021 y que fue bendecido por la comunidad internacional, ya que Occidente no podía permitir la caída de uno de los pocos países amigos que le quedaban en el Sahel.
Un grupo de 15 partidos opositores denunciaron en septiembre el proceso de elaboración del censo electoral. Diversos análisis también señalaron que Déby había fracasado en la puesta en marcha del comité que debía llevar a cabo el seguimiento de las resoluciones de las conversaciones de paz de Doha entre el Gobierno y decenas de grupos armados y que no estaba implementando las recomendaciones del diálogo nacional, entre ellos uno de los principales firmantes del acuerdo de Doha, el colíder del grupo armado Unión de las Fuerzas de la Resistencia (UFR), Timan Erdimi, cuyo hermano, Tom Erdimi, fue incluido como ministro del gobierno de transición. Timan Erdimi destacó que era necesario que la comunidad internacional fuera testigo de la no implementación de los acuerdos. Entre junio y julio de este año Déby retiró a un centenar de generales y promovió un número similar de jóvenes oficiales próximos a él al rango de general (alrededor de 500 generales en el país, una de las cifras más altas a nivel mundial en proporción al Ejército). En paralelo, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, el chadiano Moussa Faki. reiteró que los militares chadianos no deberían poder presentarse a las elecciones de 2024 y deberían entregar el poder a los civiles.
El proceso de paz de Doha -según el cual 34 de 52 grupos armados chadianos firmaron la paz con el Gobierno bajo la facilitación qatarí- y el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano- calificado de farsa por la oposición social y política- ambos procesos durante 2022, comportaron la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición (CMT) por un periodo de 24 meses durante el cual el gobierno de transición remodelado en octubre de 2022 bajo la tutela del presidente Mahamat Déby -que podrá presentarse a las elecciones previstas para noviembre de 2024- continuó llevando a cabo medidas para afianzarse en el poder, según diversos análisis.
El Gobierno de transición llevó a cabo diversos indultos y decretó una amnistía de los responsables de las protestas antigubernamentales del 20 de octubre de 2022 así como de diversos actores político-militares en diferentes fases. En paralelo, los miembros de la coalición opositora Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR) compuesto por los 18 grupos armados que no firmaron el acuerdo de Doha (entre ellos, el Frente para la Alternancia y la Concordia de Chad o FACT, por sus siglas en francés) se reunieron en Roma bajo los auspicios de la Comunidad de Sant’ Egidio entre el 6 y el 9 de marzo de 2023 para discutir en torno a la situación política y de seguridad en el Chad, y señalaron su disposición a comprometerse en llevar a cabo negociaciones con las autoridades de transición con el apoyo de una mediación neutral e imparcial, aunque no recibieron respuesta del Gobierno de transición. En marzo una delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) visitó el país, reuniéndose con representantes de la oposición y de la sociedad civil, como parte de su facilitación de la transición, aunque el CPCR desdeñó su papel mediador debido a su apoyo a las conclusiones del DNIS, cocinadas por el régimen chadiano, y a su papel respecto la crisis de octubre de 2022.
Cabe destacar, no obstante, que las autoridades permitieron el regreso de Succès Masra, líder del partido opositor Les Transformateurs, el 3 de noviembre a Chad después de un año en el exilio, donde había vivido desde octubre de 2022 tras la represión a la movilización civil que causó decenas -centenares, según la oposición- de víctimas mortales. El acuerdo para su regreso, facilitado por la CEEAC, incluye una amnistía para todos los actores militares y civiles involucrados en los actos violentos del 20 de octubre de 2022, y el compromiso de Masra de apoyar el proceso de transición. El 5 de noviembre, las autoridades liberaron a 72 miembros de Les Transformateurs que habían estado detenidos desde 2022. El 19 de noviembre, Masra se dirigió a cientos de seguidores en la capital, N’Djamena, e instó a la reconciliación con los gobernantes militares. El movimiento de la plataforma opositora civil Wakit Tama se negó a reconocer la amnistía y el líder del partido Les Démocrates rechazó el acuerdo e instó a que se hiciera justicia para las víctimas de la represión policial de 2022. A pesar de las amnistías e indultos, numerosos opositores seguían encarcelados como consecuencia de las movilizaciones de octubre de 2022.
La grave situación que atraviesa Chad y los intentos del nuevo régimen chadiano de afianzarse en el poder mediante las urnas y las armas -en agosto el régimen reinició la ofensiva militar en Tibesti (norte) junto al Ejército Nacional de Libia contra el FACT, grupo que mantenía un alto el fuego unilateral desde abril de 2021– con el beneplácito de la comunidad internacional, no auguran un reflejo positivo en procesos similares a Chad, como Malí, Guinea, Burkina Faso o incluso Sudán, que se miran en el espejo chadiano.
