En el Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las mismas, también conocido como Día de sensibilización contra las minas, nos centramos en la situación que vive Casamance, región situada entre Gambia, al norte, y Guinea Bissau, al sur, donde la presencia de estos mortales artefactos sigue impidiendo el normal desarrollo de la vida de casi 100.000 personas 36 años después de que comenzara el conflicto.
Lento desminado
Senegal firmó la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y sobre su destrucción (Tratado de Ottawa) en diciembre de 1997, lo ratificó un año después y el 1 de marzo de 1999 entró en vigor. Así, en aquel año, se pusieron manos a la obra para acabar con estos ingenios armamentísticos, sobre todo, en la región de Casamance donde, desde 1982, se vive un conflicto armado entre el independentista Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) y el gobierno estatal. Pero, precisamente por la violencia y porque la contaminación con minas se acentuó entre 1996 y el año 2000, tuvieron que esperar hasta 2004 para redactar la Estrategia Nacional de Lucha Antiminas y hasta 2006 no se creó el Centro Nacional de Acciones Antiminas de Senegal (CNAMS) ni se iniciaron las operaciones de desminado.
Transcurridos doce años, ya son casi dos mil (más de 1.872) los kilómetros cuadrados libres de minas en 40 localidades de la zona, pero aún quedan unos 1.300 por desminar, según el CNAMS. 1.300 km2 a los que podrían sumarse otras áreas minadas que no han sido aún identificadas. Con lo cual, las tasas de limpieza anuales han sido bastante pobres. En su momento, el Estudio de Urgencia sobre el Impacto de las Minas en Casamance (EUIMC) cifró en 93 los pueblos afectados y en 149 las zonas sospechosas de albergar en su suelo tanto minas como restos explosivos de guerra (REG).
La primera fecha límite que se estableció para dejar Casamance libre de minas fue el 1 de marzo de 2009. Luego, hubo de prorrogarse hasta 2016. Actualmente, desde el CNAMS, se declara que marzo de 2021 tampoco será el año de la completa descontaminación y que hará falta pedir una nueva extensión del plazo. Como manifestó en una reciente visita Cristophe Bigot, embajador francés en Senegal, para cumplir con el objetivo de cero minas, “ha de definirse una estrategia, elaborar un calendario y lanzarse en la búsqueda de medios y financiamiento para el desminado”. El diplomático galo también señaló a países como Italia, Suecia, Noruega, Sudáfrica, Estados Unidos o Canadá en tanto que antiguos apoyos a los que hay que volver a atraer para relanzar el desminado de Casamance.
A la falta de recursos, las autoridades unen la persistencia del conflicto y el no avance del proceso de paz para explicar el retraso en el desminado. Cierto es que aún no hay un alto el fuego definitivo ni una negociación de paz digna de ese nombre y que las zonas que quedan por limpiar son “zonas rojas”, es decir, aquellas en las que los grupos armados serían reticentes a permitir trabajos de descontaminación. No en vano, en mayo de 2013, doce desactivadores fueron secuestrados y retenidos durante más de dos meses porque el MFDC no confiaba en la neutralidad del CNAMS.
Víctimas directas
La explosión más reciente de la que se tiene constancia sucedió a finales del pasado mes de agosto, resultando heridos tres civiles que iban por una carretera secundaria de la región. Era el primer incidente registrado en más de tres años, después de que siete jóvenes que se dirigían a una boda fallecieran por la detonación de otra mina en 2014.
Desde 1988, se han censado en Casamance 826 víctimas de minas, sobre todo, de las minas antivehículos –las que se colocan en pistas y carreteras–. Entre las víctimas civiles, 151 han muerto y 85 han perdido uno o ambos miembros inferiores.
Según Sarani Diatta, coordinador de la asociación de víctimas de minas, convertida en Iniciativa solidaria de acciones de desarrollo (Isad), “el estado senegalés concentra sus esfuerzos en lo urgente” pero “olvida las consecuencias del conflicto”, especialmente, olvida a las víctimas causadas por las minas y que se benefician de “programas puntuales que no se prolongan en el tiempo”.
Víctimas indirectas
Además de matar y amputar, las minas son un insoslayable freno al desarrollo de Casamance. Así, a un conflicto que habría provocado 20.000 personas desplazadas, 60.000 refugiadas y la destrucción de infraestructuras y de servicios sociales (escuelas, centros de salud, puntos de agua, etc.), se le suma la enorme traba que la presencia de minas supone para el bienestar sanitario y socioeconómico de las poblaciones de Kolda, Sédhiou y Ziguinchor, convertidas en víctimas indirectas.
Tras los combates, las poblaciones han regresado a sus hogares y han descubierto estos artilugios en las superficies cultivables. De esta manera, se paraliza el cultivo de arroz, (producto preponderante en la zona), las actividades ganaderas, la caza, la recolecta de madera… Bosques, áreas de pasto y enclaves de agua, recursos clave para estas comunidades, ya no se pueden explotar de forma óptima por culpa de la presencia, segura o supuesta, de minas. Con esto, la seguridad alimentaria se resiente duramente en una región considerada, paradójicamente, “el granero de Senegal” dado su rico capital natural.
Además, como la mayoría de las minas están en las vías de comunicación, la circulación de bienes y personas se bloquea y, pese a haber sido decretada “zona de prioridad nacional turística” y ofrecer beneficios fiscales para que los promotores inviertan en lo que podría ser un destino paradisíaco, hasta que no se lleve a cabo un desminado completo, pocas esperanzas de futuro les aguardan a la región y a sus habitantes.
Mapa de International Campaign to Ban Landmines (ICBL)
