Dudas sobre el acuerdo de paz y concesiones del TPLF al Gobierno federal para evitar un desastre humanitario sobre su población.
El pasado 2 de noviembre el enviado especial de la Unión Africana (UA) para el Cuerno de África, Olusegun Obasanjo, anunció que el Gobierno Federal etíope y los líderes regionales del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF, por sus siglas en inglés) habían acordado un cese permanente de las hostilidades en las conversaciones de paz llevadas a cabo en Pretoria, la capital sudafricana. El acuerdo, tras una serie de rondas iniciadas el 25 de octubre en la sede del Ministerio de Exteriores sudafricano bajo los auspicios de la UA y el apoyo sudafricano, ha sido posible gracias a los esfuerzos regionales e internacionales liderados por la UA, en concreto por el ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo –que había sido inicialmente rechazado por parte del TPLF por su proximidad al primer ministro Abiy Ahmed– y los otros dos miembros del equipo mediador, la ex vicepresidenta sudafricana, Phumzile Mlambo-Ngcuka, y el ex presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, que consiguieron convencer a principios de octubre a ambas partes de la necesidad de entablar un proceso negociador y que aceptaran la invitación de la UA para un diálogo de paz previsto en Suráfrica para el 8 de octubre, que se pospuso por motivos logísticos. Este retraso podría haber sido utilizado por Etiopía para acelerar la ofensiva militar junto a Eritrea de cara a acceder a la mesa de negociación en una posición de fuerza. Las presiones de la comunidad internacional han sido intensas, en especial por parte de EEUU sobre el TPLF, tal y como destacó el representante etíope en las negociaciones, el viceministro de Exteriores y asesor de seguridad nacional, Redwan Hussein.
Tras dos años del estallido de un conflicto armado que ha causado miles de víctimas mortales en la región, más de dos millones de personas desplazadas y que ha abocado a prácticamente un millón de personas de los seis que habitan Tigré a una situación de hambruna, a principios de octubre, en paralelo a las iniciativas de paz, se había desencadenado una nueva ofensiva por parte de las tropas federales etíopes apoyadas por Eritrea y los cuerpos de seguridad de la región de Amhara, que activaron todas las alarmas por las probables vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil.
Y es que en este conflicto -como en muchos otros que tienen lugar en la actualidad- todas las partes han cometido atrocidades que incluyen masacres de civiles, violencia sexual -en especial por parte de Eritrea- y el uso del hambre como arma de guerra -principalmente Etiopía-, según organizaciones de derechos humanos. Violaciones que apenas han podido ser monitorizadas debido al bloqueo informativo al que Etiopía había sometido a la región. Desde marzo, no obstante, hasta finales de agosto había estado vigente una tregua humanitaria de la que ambas partes se acusaron mutuamente de su ruptura, lo que reabrió los enfrentamientos y el bloqueo humanitario.
Tras la reciente firma del acuerdo de paz, el exmandatario nigeriano indicó que la UA asumirá el monitoreo, la supervisión y la verificación de la implementación del mismo. «Este no es el final del proceso de paz, es su comienzo», señaló Obasanjo. El mecanismo de monitoreo y verificación estará compuesto por una pequeña unidad de un máximo de 10 personas designadas por la UA, con un representante de cada parte y un representante de la organización regional IGAD, que deberá informar al panel mediador liderado por Obasanjo. En este sentido, alcanzar un alto el fuego permanente no será una tarea fácil después de dos años de una guerra brutal que ha causado la muerte de más de 100.000 personas, según destacó el alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell. En una reunión en Alemania del G7, Borrell afirmó que la atención de la comunidad internacional estaba en Ucrania pero la crisis humanitaria de Etiopía era una de las más graves de la actualidad. El experto del International Crisis Group, Alan Boswell, afirmó que aunque dicha tregua era desesperadamente necesaria, por las consecuencias humanitarias derivadas, era todavía prematuro determinar el grado de compromiso de las partes con los términos del acuerdo. En este sentido, las autoridades de Tigré han acusado a los cuerpos de seguridad federales de llevar a cabo ataques contra civiles en la localidad de Maychew desde la firma del acuerdo.
El nombre official del acuerdo –Agreement for Lasting Peace through a Permanent Cessation of Hostilities between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People’s Liberation– ya supone en sí mismo una victoria del primer ministro Abiy Ahmed, ya que no engloba a ambos Gobiernos sino al Gobierno federal etíope y al movimiento político militar TPLF. Ambas partes han acordado la preeminencia de la Constitución federal. Además del cese de hostilidades, el acuerdo de paz incluye importantes concesiones por parte del TPLF, como un desarme sistemático y coordinado de sus cuerpos de seguridad. El Gobierno federal aceptó retirar al TPLF de la lista de organizaciones terroristas e iniciar (artículo 10.2) un diálogo político sobre el futuro político de Tigré, sin que el acuerdo defina algún tipo de supervisión o monitoreo del diálogo. Las fuerzas de Tigré deben ceder las autovías y aeropuertos al control federal. El Gobierno etíope y el TPLF se comprometieron, asimismo, al restablecimiento de los servicios, el acceso sin trabas a los suministros humanitarios, así como a la protección de los civiles, especialmente mujeres y menores. Análisis sitúan el desastre humanitario como la principal cuestión que ha empujado a las autoridades de Tigré a negociar.
Diversos análisis y voces de la comunidad tigré en el país y en la diáspora ponen de manifiesto otras cuestiones que podrían interpretarse como una capitulación por parte del TPLF. Diversos elementos cruciales evidencian esta cuestión y dejan en manos de la buena voluntad del Gobierno federal la implementación del acuerdo. En primer lugar, Eritrea no forma parte del acuerdo, por lo que no se ha visto forzada a aceptar ninguna de las provisiones establecidas por el Gobierno federal. En segundo lugar, las limitadas dimensiones del mecanismo de monitoreo del alto el fuego y la exclusión de la ONU, EEUU, UE e IGAD de la firma del acuerdo -fueron simples observadores y no firmantes del proceso, a pesar de que la UE es el principal donante de la UA- siembra dudas sobre su implementación real sobre el terreno y pone en evidencia la victoria de la estrategia etíope de mantener aparte a la comunidad internacional, tal y como destacó el director ejecutivo del World Peace Foundation, Alex de Waal. En tercer lugar, el acuerdo establece (artículo 10.1) que el Gobierno federal deberá restablecerá la autoridad en la región hasta que se celebren nuevas elecciones, y (artículo 10.3) que el Gobierno federal establece una política global de justicia transicional nacional sin mencionar ningún mecanismo de investigación internacional de las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidos en la región, tal y como destacaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
A esto se suman las violaciones del alto el fuego que se han producido por parte de los cuerpos de seguridad etíopes y eritreos desde la firma de la paz, que ponen de manifiesto las dificultades y la frágil voluntad política de implementar este acuerdo, y que puede suponer que algunos comandantes y milicias del TPLF decidan no aceptar los términos tan laxos y con amplios márgenes de maniobra en manos del primer ministro, Abiy Ahmed.
Foto de portada: «Axum Street, Tigray» by Rod Waddington
