La reciente crisis de Ceuta ha puesto en primer plano el aspecto más carnal y desgarrador de la intersección física entre África y Europa que es esta ciudad-frontera, junto con su hermana Melilla. También una encrucijada política en la que convergen, o a veces chocan, la reivindicación territorial histórica del Marruecos postcolonial, la vital interdependencia económica y social —formal e informal— entre las dos ciudades autónomas españolas y su hinterland rifeño, el baile a dos entre las políticas europeas de externalización de fronteras y la diplomacia migratoria de Rabat, el conflicto del Sáhara Occidental como madre de todas las prioridades de la política exterior del reino y los objetivos de esta última en el continente africano. Echando un poco la vista atrás, ¿cómo se han articulado las políticas de Marruecos hacia el África subsahariana, la “Europa fortaleza” y el conflicto del Sáhara Occidental durante las dos décadas largas que llevamos del reinado de Mohamed VI?
Para empezar, el papel de país de tránsito erigido en “gendarme de Europa” no ha sido nunca el más grato y conveniente para dar lustre a las relaciones de Marruecos con el conjunto del continente africano, incluidos los Estados del Sahel y el África occidental francófona —Senegal, Malí, Níger, Costa de Marfil, Benín, Camerún, Gabón, República del Congo— con los que tiene una mayor conexión histórica y sintonía al más alto nivel político. El control subcontratado de la migración irregular hacia del Norte, propia y ajena, fue asumido por Marruecos en el cambio de siglo a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Schengen, la puesta en marcha de la dimensión exterior de las políticas de inmigración y asilo de la UE, el establecimiento del SIVE y el patrullaje conjunto con España en el estrecho de Gibraltar y la aprobación, en 2003, de la primera ley de inmigración y extranjería de la historia del país. Voces críticas marroquíes alertaron desde el principio de que estas tareas no sólo guardaban poca relación con las necesidades nacionales, sino que además podían tener efectos secundarios perjudiciales para la llamada “nueva política africana” del rey Mohamed VI.
Con este eslogan oficial se indicaba la voluntad de potenciar la entonces débil presencia económica de Marruecos en el África Subsahariana y, en el plano político, trascender el bilateralismo selectivo al que el país había quedado confinado por su ausencia de la escena multilateral continental desde 1984, cuando se retiró de la Organización para la Unidad Africana (OUA) en protesta por la admisión como miembro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). También formaba parte del paquete, por supuesto, el empeño de arrancar paciente y gradualmente apoyos bilaterales a la marroquinidad del Sáhara Occidental y retiradas de reconocimientos a la RASD en uno de sus terrenos más propicios. Era obvia la tensión entre estos objetivos y las obligaciones contraídas por Rabat para el control migratorio en la frontera con Europa, que afectaba a un número creciente de ciudadanos de países subsaharianos.
En estos primeros años 2000 prevalecía ostensiblemente la orientación europeísta de la política exterior del reino, con la aspiración de lograr un Estatuto Avanzado en sus relaciones con Bruselas. Pero aun así fue notable la pertinaz resistencia de Rabat a acceder a la demanda de un acuerdo de readmisión con la UE que incluyera a los ciudadanos de terceros países o apátridas que entraran irregularmente en territorio europeo a través de su territorio —objeto de eternas negociaciones sin fruto desde 2000. Al mismo tiempo, Marruecos supo hacer virtud de necesidad en el ámbito diplomático al convocar, tras las críticas internacionales a los graves abusos contra migrantes subsaharianos cometidos por sus fuerzas de seguridad durante la crisis de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla en 2005, la primera Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo, origen del llamado Proceso de Rabat.
La vuelta de tuerca más llamativa en la conexión entre la política migratoria y la política africana de Marruecos iba a producirse a finales de 2013. Entonces se lanzó a bombo y platillo una “nueva política migratoria” centrada en dar una respuesta “humanista” y reconocimiento legal al creciente número de migrantes subsaharianos —más de 100.000 según algunas estimaciones— asentados en situación irregular en el reino, ya fuera voluntariamente o por la imposibilidad práctica de dar el salto a Europa. Con una lectura selectiva de los datos, el discurso oficial proclamó la transformación del papel de Marruecos de país de origen y tránsito a país de destino de flujos migratorios. Las medidas anunciadas iban desde la adopción de una Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo y la tramitación de tres nuevas leyes en esta materia a campañas de regularización masiva de inmigrantes, que cobraron prioridad como gesto simbólico y darían lugar a la concesión de casi 50.000 permisos de residencia en 2014 y 2016-2017.
Entre las motivaciones de la “nueva política migratoria”, el detonante inmediato fueron de nuevo críticas internacionales al trato dispensado a los migrantes subsaharianos en Marruecos, desde Human Rights Watch y la BBC al Comité sobre Trabajadores Migrantes de la ONU. En el medio plazo, el factor más decisivo fue su relación instrumental con la versión 2.0 de la “nueva política africana”, relanzada ahora con el objetivo estratégico de acceder a la Unión Africana y rodeada de una nueva retórica aspiracional, a medio camino entre la realidad y el deseo, sobre la nueva condición de Marruecos de potencia regional, “país emergente”, “una de las naciones más prósperas de África” y “el segundo mayor inversor [africano] en el continente”. En el discurso de Mohamed VI, la “nueva política migratoria” se vinculó expresamente a “la apertura cada vez más marcada de Marruecos a su entorno africano”. “África, para Nosotros, no es un objetivo; es más bien una vocación al servicio del ciudadano africano, esté donde esté”, afirmó el rey en 2016. Al mismo tiempo, como de costumbre, la línea causal y argumentativa se extendía a los retos de la “integridad territorial” del reino a nivel africano e internacional, en referencia al conflicto del Sáhara Occidental.
Desde el punto de vista cronológico, el lanzamiento de la “nueva política migratoria” en 2013 coincidió con el llamamiento de Marruecos a la creación de una “alianza africana para la migración y el desarrollo” en la ONU, así como con una gira de Mohamed VI por Senegal, Malí, Costa de Marfil y Gabón. Todo esto se producía en vísperas de la cumbre de la Unión Africana de enero de 2014 en Addis Abeba, en cuyos pasillos se discutieron las condiciones para el ingreso de Marruecos en la organización. En ese mismo año se desarrolló tanto el primer proceso de regularización de inmigrantes como una nueva serie de visitas reales a Gabón, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Mali. La segunda regularización se anunciaría en diciembre de 2016, en el compás de espera entre la solicitud formal de Marruecos de “regreso” a la Unión Africana en la cumbre de Kigali, en el mes de julio anterior, y la aceptación final de ésta en enero de 2017.
En los últimos años, Marruecos ha proseguido en esta línea de diplomacia migratoria de orientación africana, asumiendo cierto liderazgo multilateral en este nicho con hitos como su designación como líder de la Unión Africana para asuntos migratorios, su presentación de una Agenda Africana sobre Migración, la celebración en Marrakech en 2018 de la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración, auspiciada por la ONU, o el establecimiento en Rabat de un Observatorio Africano de las Migraciones tan sólo hace unos meses. El mensaje de Mohamed VI a la cumbre UA-UE de Abiyán, en 2017, pedía hacer de la “inmigración” un “un tema de debate pacífico e intercambio constructivo”.
Sin embargo, el recurso al “arma de migración masiva” y las brutales imágenes y declaraciones emitidas durante la crisis de Ceuta pueden haber dado al traste con toda esa diplomacia migratoria interesada pero constructiva. Un cálculo de política exterior fallido sobre el conflicto del Sáhara Occidental ha echado por tierra todo discurso sobre el “humanismo” en el trato a los migrantes y la nueva identidad de Marruecos como país de destino. Las relaciones de Marruecos con la UE ya han acusado el golpe. Está por ver cómo va a afectar a la eternamente “nueva política africana” del reino.
Autora
Irene Fernández-Molina (@irenefmolina) es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter (Reino Unido). Sus áreas de interés e investigación se centran en las relaciones internacionales del Sur Global, la subalternidad y la agencia del sur, las políticas exteriores de los estados dependientes y / o autoritarios, los conflictos y la teoría constructivista de las RRII, con un enfoque regional en el norte de África, así como en la política exterior de la UE y las relaciones euromediterráneas.
