El gobierno centroafricano mantiene la fecha del 27 de diciembre para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, a pesar de los retrasos y las muchas irregularidades denunciadas tras la publicación de las listas electorales. El presidente saliente, Faustin-Archange Touadera, se encuentra en una posición de fuerza que le permite rechazar cualquier diálogo con la oposición y prepararse para ser reelegido en la primera vuelta en condiciones cuestionables.
Este año electoral en la República Centroafricana no ha sido menos increíble que el que marcó el final de la transición en 2015. En principio, las condiciones para la preparación de las elecciones son muy diferentes: el redespliegue progresivo de funcionarios y fuerzas de seguridad en las ciudades de provincia, el acuerdo de paz firmado en Jartum entre el gobierno y catorce grupos armados en 2019 y el apoyo financiero de los donantes para la reconstrucción del país deberían haber permitido un proceso electoral pacífico y consensuado. Sin embargo, a menos de un mes de la votación, la escena política en Bangui está cada vez más polarizada y ninguna organización actuará como árbitro imparcial.
Desde 2019, la mayoría presidencial ha buscado moldear las reglas del juego electoral a su favor. En primer lugar, el Ejecutivo ha intentado en varias ocasiones modificar el marco legal de las elecciones de manera unilateral: esto ha provocado varias intervenciones de la Corte Constitucional que han frustrado algunas de las maniobras menos sutiles. Primero, el gobierno quiso introducir barreras de entrada contra ciertos candidatos (por ejemplo, tasas muy altas para el depósito de candidaturas): en junio de 2019, la Corte emitió una opinión desfavorable a esta primera versión de la ley y su dictamen fue seguido por la Asamblea Nacional dos meses después. En abril de 2020, la mayoría presidencial propuso una enmienda constitucional para prorrogar el mandato del presidente Touadera y de los diputados si las elecciones debían posponerse por causas de fuerza mayor (en el caso específico, la epidemia de la COVID-19). En junio, la Corte Constitucional decretó que la propuesta del gobierno no cumplía con la Constitución. Más recientemente, el pasado julio, el Ejecutivo preparó un proyecto de ley para extender el mandato de los comisarios de la Autoridad Nacional de las Elecciones (ANE) hasta el final del proceso electoral, pero esta versión fue modificada in extremis en comisión parlamentaria incluyendo la renovación de la junta de la ANE.
Por último, hace tres meses, el Ejecutivo propuso modificar al código electoral para conceder a la ANE un mes adicional para completar el registro de votantes, después de que, informada sobre los retrasos en el registro, la Corte Constitucional había decidido auditar a la autoridad electoral y le había ordenado respetar la fecha del 27 de septiembre para la publicación de las listas. A pesar de las fuertes protestas de una parte importante de la oposición, el código electoral fue modificado por el Parlamento el 24 de septiembre y la publicación se pospuso hasta el 27 de octubre. Estas reiteradas intervenciones de la Corte Constitucional demuestran que la manera de hacer política en República Centroafricana no ha cambiado: el Ejecutivo sigue cerrado al diálogo y busca imponer sus decisiones sin consultar a las otras fuerzas políticas.
Además de sus intentos por utilizar el marco legal a su favor, el presidente Touadera ha reforzado su control sobre las instituciones. Siguiendo la concepción tribalista del poder heredada de sus predecesores, ha colocado a miembros de su grupo étnico, los Mbaka-Mandja, en la guardia presidencial, así como en puestos clave de la administración y del ejército. Además, candidato independiente en 2015, Touadera creó en 2018 su propio partido, el Movimiento de los Corazones Unidos (MCU). Dirigido por su exprimer ministro y mano derecha, Simplice Sarandji, el MCU tiene sedes en todas las provincias del país. Recientemente, con el nombramiento de los nuevos comisarios de la ANE en octubre, el partido del presidente ha logrado mantener una fuerte influencia sobre el organismo electoral. El gobierno se ha negado a abrir oficinas de registro de los electores en los campos de refugiados de los países vecinos, como se hizo en las elecciones anteriores. Por lo tanto, alrededor de 620.000 refugiados centroafricanos (muchos de los cuales son musulmanes) se verán privados del derecho al voto. Aunque votaron en 2015, el régimen ha decidido dar un paso atrás, lo que confirma su voluntad de reducir el electorado y marginar a los musulmanes. En paralelo, hace poco la MINUSCA ha tenido que garantizar la seguridad de unos comicios de la oposición en Bangui, lo que deja entrever los obstáculos que los miembros de la oposición encontrarán fuera de la capital. Todas estas maniobras colocan hoy al presidente Touadera en una posición de fuerza que le permite rechazar cualquier diálogo con la oposición para garantizar la transparencia de las elecciones y terminar el último congreso nacional de su partido con el eslogan: «Primera Ronda K.O.”.
Después de que el acuerdo de Jartum ha formalizado el statu quo entre el gobierno y los grupos armados y ha confirmado el control de estos últimos sobre gran parte del territorio, el presidente se ha asegurado el apoyo de algunos grupos en el año preelectoral. Muy probablemente, ciertas élites de la capital han apoyado a las milicias que se han enfrentado al Frente Popular para el Renacimiento de la Centrafrique (FPRC), de Noureddine Adam, y lo han debilitado en Birao y Ndele, entre septiembre de 2019 y abril de 2020, siendo el FPRC la única entre las facciones de la exSeleka que había desarrollado reivindicaciones políticas. Un acuerdo con el líder de Unión por la Paz en República Centroafricana (UPC), Ali Darass, también debería garantizar el correcto desarrollo de las elecciones en las zonas del país controladas por sus hombres, que en el último año se han extendido desde la frontera sursudanesa hasta la frontera con Camerún (gracias a su alianza con otro grupo armado, las 3R de Abbas Sidiki). Además, la inclusión de ciertos representantes de grupos armados en las listas de candidatos del MCU para las elecciones legislativas acaba de ser destacada y sancionada por la Corte Constitucional en su juicio sobre la elegibilidad de los candidatos. Este acuerdo con ciertos grupos armados tenía como objetivo abrirles las puertas de la Asamblea Nacional y otorgarles inmunidad parlamentaria, así como limitar las posibilidades de la oposición de hacer campaña y, en definitiva, intimidar a los votantes.
Si bien el recurso a estratagemas preelectorales y artificios legales utilizados por los gobiernos anteriores demuestra que el Ejecutivo actual continúa con la misma gobernanza que ha llevado al país al colapso, tampoco hay nada nuevo por parte de la oposición. Desde las elecciones de 2015 y a pesar del descrédito generalizado de la clase política entre la población, no ha surgido ningún nuevo líder en la oposición. Sus principales figuras son todos expolíticos que encarnan, en mayor o menor medida, el mal gobierno de las últimas dos décadas y que ya eran candidatos en 2015. El mejor símbolo del estancamiento de la clase política centroafricana es el retorno del antiguo presidente, François Bozizé. Entre los principales responsables del conflicto que arruinó al país, Bozizé regresó ilegalmente en 2019 para presentarse a las elecciones. Ahora es la figura principal de la oposición y preside la Coalición de la Oposición Democrática (COD-2020), a pesar de que haya tomado el poder en un golpe de Estado en 2003, haya organizado un fraude electoral masivo en 2011 y haya sido acusado de autoritarismo. Si la formación de una coalición de oposición en febrero de 2020 había dado esperanzas de cambio, el que François Bozizé se haya convertido en su presidente es un signo de la total impunidad que reina en la “República de Bangui” y de la ausencia de cambio en una clase política completamente desconectada de la población, especialmente en el interior del país.
Considerando el papel de François Bozizé, la falta de cohesión del COD-2020 y la mezcla de alianzas oportunistas y corrupción política es difícil imaginar cómo esta coalición podría representar una amenaza real para la reelección de Touadera y cómo podrá ser creíble cuando denuncie fraude electoral.
De momento, la principal incógnita es si la candidatura de François Bozizé será rechazada [En efecto, lo fue. El pasado jueves, 3 de diciembre, la Corte Constitucional descartó su candidatura a las presidenciales]. Desde un punto de vista técnico, no respetaría la condición que exige que los candidatos sean residentes en República Centroafricana al menos un año antes de la convocatoria electoral. Desde un punto de vista ético, Bozizé difícilmente puede cumplir con el estándar de buena moralidad requerido e interpretado estrictamente por la Corte Constitucional durante el examen de los candidatos a las legislativas. François Bozizé está sancionado por la ONU y una orden de arresto por crímenes de guerra y genocidio fue emitida contra él (aunque no ejecutada). Si su candidatura es rechazada, algunos temen que haya motines en Bangui y en áreas del país donde el antiguo presidente sigue siendo influyente: Bozizé aún podría movilizar a miembros de su etnia, los Gbaya, en el ejército y oficiales retirados, así como algunas milicias anti-Balaka.
Si la calidad de las dos elecciones anteriores (2011 y 2015) fue muy problemática, el derecho al voto se está limitando, los signos de una mala organización electoral se acumulan y la neutralidad de la ANE está en duda. Tampoco habrá un árbitro imparcial para confirmar los resultados oficiales. De hecho, las listas electorales publicadas a finales de octubre están llenas de errores: nombres y fechas de nacimiento incorrectos, fotos que no corresponden a la identidad del votante, nombres de origen musulmán en ciudades del país donde esta comunidad no ha podido regresar desde 2013, etc. Contrariamente a la práctica habitual, la regularidad de las elecciones centroafricanas no será analizada por una misión de observación internacional o por observadores nacionales creíbles, a pesar de que la iglesia católica haya manifestado reiteradamente su preocupación por el proceso de registro de votantes. La ausencia de un árbitro imparcial de las elecciones no preocupa a los donantes que las financian (sobre todo, a la Unión Europea) y prefieren una apariencia de legalidad a un escrutinio justo, mientras que otros aliados del gobierno, como Rusia y China, no ocultan su interés en garantizar que el presidente Touadera, su socio de negocios, permanezca en el poder. Casualmente, en octubre, Rusia entregó vehículos blindados que Touadera mostró tanto a la población de Bangui como a sus oponentes.
Todos los factores para que las elecciones de 2020 constituyan un retroceso democrático respecto a las de 2015 ya están presentes: control de la máquina electoral; alianzas con grupos armados; aceptación del «derecho a un segundo mandato» para el presidente saliente por parte de los internacionales dispuestos a cualquier indulgencia, incluido a la financiación y al reconocimiento de unas elecciones fraudulentas. Mientras que el presidente Touadera se prepara para ser reelegido en la primera vuelta en una arena política cerrada y en unas elecciones sin árbitro, el descontento de la oposición y la creciente antipatía de los jefes de estado de la región podrían fácilmente utilizar la frustración de muchos centroafricanos que siguen excluidos de los beneficios de la ayuda internacional masiva destinada al país pero capturada por sus élites gobernantes. Desde esta perspectiva, es difícil entender cómo nuevas elecciones fraudulentas en la República Centroafricana promoverán la paz y la estabilidad del país a largo plazo. Pero después de todo, ¿a quién le importa?
Autores
Eugenia Pandora, consultora independiente, y Thierry Vircoulon, investigador asociado del Centro de África Subsahariana del IFRI (Instituto Francés de Relaciones Internacionales).
Este artículo fue publicado originalmente en francés en el blog del Centro de África Subsahariana del IFRI, bajo el título «Centrafrique: des élections sans témoin, sans arbitre et peut-être sans le peuple«.
